La dieta ultraprocesada y la producción del espacio en México, 1994-2018¹

Introducción

Los cambios en la dieta han sido continuos en la historia, pero reflejaron celeridad en el último cuarto del siglo XX (McMichael, 2015). A partir de entonces, los productos ultraprocesados (PU) incursionaron en la cotidianidad de países de ingresos altos, medianos y bajos, lo que redujo la venta de alimentos frescos y saludables (OPS, 2019) y propició una epidemia de sobrepeso y obesidad (OMS, 2024). La razón es que los PU, a diferencia de los alimentos tradicionales, son creados bajo una lógica de la máxima ganancia, lo que da lugar a un conjunto cada vez más numeroso de bebidas y comestibles de gran atractivo, que incluye golosinas, botanas y refrescos y, además, tortillas, panes, papillas, licuados y jugos, muchos envasados, sometidos a una transformación físico-química radical que reduce su calidad nutricional (Monteiro et al., 2019: 937).

En este contexto, México sobresalió desde inicios de este siglo como el segundo lugar en ventas de PU en América Latina y el cuarto en el mundo con 581 gramos, en promedio, por persona al día (OPS, 2015; Figura 2). El resultado fue un crecimiento inusual del sobrepeso y la obesidad, que situó a México entre los primeros lugares a nivel mundial (Shamah-Levy et al., 2020: 186-189). Además, enfermedades antes inadvertidas por la sociedad, como cardiopatías, cáncer y diabetes mellitus, se hicieron presentes en edades tempranas (Shamah-Levy et al., 2020: 226-228).

En consideración de lo anterior, esta investigación explica, desde la geografía crítica, el afianzamiento de la dieta ultraprocesada en México, entre 1994 y 2018, período en el que dicho país reportó un consumo de pastelitos, refrescos y sopas instantáneas (OPS, 2019). Para este fin, se recuperó la noción de espacio como producción social (Lefebvre, 2013) compuesto por categorías analíticas indisociables propuestas por el geógrafo brasileño Milton Santos.

El trabajo se apoyó en el análisis de documentos científicos, oficiales y de organizaciones civiles. Los resultados mostraron que, entre 1994 y 2018, la incorporación de PU a la dieta en México obedeció a un entramado de procesos sociales superpuestos de alcance global, afianzados con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que permitió a corporaciones nacionales y transnacionales controlar el sistema alimentario nacional, profundizar el valor de cambio de los alimentos, colonizar los espacio-tiempos de la sociedad e imponer normas ad hoc a la venta de PU.

La originalidad de este trabajo reside en abordar la alimentación desde el espacio como producción social, lo que permite articular factores científico-técnicos, socio-económicos y jurídico-políticos en un asunto que, lejos de ser individual y orgánico, permea elementos disímiles entre sí, como la tecnología, la economía, las normas o el poder (Bertrán, 2017; Cabrera et al., 2019; HLPE, 2017; Montes de Oca, 2019, p. 11) y en el que “los enfoques aislados documentan, pero no bastan”, puesto que la alimentación trastoca todas las esferas de la realidad (González, 2019, p. 193). Además, ante la aprobación reciente en México de leyes, reglamentos e impuestos para limitar la ingesta de PU, los resultados de esta investigación permiten visibilizar, más que hechos individuales, los procesos sociales y las condiciones estructurales que orillan a la población mexicana a ingerir PU en exceso.

La investigación expone, primero, los abordajes científicos dominantes en alimentación, obesidad y espacio y, después, los fundamentos teóricos y metodológicos de este trabajo. Posteriormente, a partir de las categorías espaciales formuladas por Milton Santos, se presentan las características de la dieta ultraprocesada y, enseguida, su afianzamiento en México, entre 1994 y 2018. Al final, se enfatiza la necesidad de acercarse al estudio de la alimentación bajo enfoques que articulen procesos sociales de diferentes escalas, superando el ámbito individual.

Antecedentes

El campo biomédico tiene aún un predominio en materia de alimentación, desde la producción y gestión del hambre hasta la transición alimentaria y sus repercusiones negativas sobre la salud, bajo dos vertientes: la individualista y la ecológica (Colls y Evans, 2013; Gómez, 2019). La primera traslada ambos problemas a la sociedad y enfatiza sus causas individuales, como estilo de vida (Colls y Evans, 2013: 3; Jia, 2021; Vonthron, Coline y Soulard, 2020). Esta postura dominante en la academia brinda a la medicina y la nutrición el mando para guiar a la población en temas de alimentación y salud (Colls y Evans, 2013; Velázquez, 2020; García y Bermúdez, 2021).

La segunda vertiente explora las causas ambientales de la mala alimentación y la obesidad (Colls y Evans, 2013; Jia, 2021). Desde este enfoque, que permea la geografía, surgen estudios sobre los “entornos”, “paisajes” o “ambientes” obesogénicos y alimentarios que apuntan hacia las causas sociales y económicas detrás de lo que la sociedad come y cómo esto la lleva a subir de peso o a enfermarse (Colls y Evans, 2013; Kirk, Penney y McHugh, 2010). El abordaje principal en estos estudios proviene del enfoque espacial, basado en el análisis estadístico y el uso de sistemas de información geográfica (SIG) (Martínez, 2017; Pineda et al., 2021; Vonthron et al., 2020). Dicha tecnología permite correlacionar un rango amplio de información socioeconómica, antropométrica y nutricional con la disposición espacial de tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de conveniencia o negocios de comida rápida y PU en escalas micro (escuelas/vecindarios), meso (municipios/ciudades) y macro (países/continentes) (Colls y Evans, 2013; Jia, 2021; Wong et al., 2024). Así, numerosos estudios longitudinales, transversales y mixtos confirman que el acceso y consumo cotidiano de PU tienen una relación directa con la obesidad y las enfermedades no transmisibles (Pineda et al., 2021; Wong et al., 2024).

El aporte principal del enfoque espacial fue cartografiar los focos rojos de la malnutrición, la obesidad y las ENT, identificando las áreas y los grupos sociales con mayor acceso a dietas saludables o insanas, caracterizándolos en oasis, pantanos o desiertos alimentarios (Vonthron, Coline y Soulard, 2020; Wong et al. 2024). Sin embargo, autores como Colls y Evans (2013, p. 8-9), Jia (2021), Kirk et al. (2010, p. 16), Martínez (2017) y Vonthron et al. (2020), reconocieron tres limitaciones del enfoque espacial: una, reducía el espacio a vastas mediciones y combinaciones de factores imprecisos que causaban hábitos insanos; dos, promovía un entendimiento empirista del espacio y, tres, perpetuaba la postura biomédica de la obesidad, como un desbalance de las calorías que una persona gana o gasta según los sitios donde vive y se desplaza.

Paralelamente, diversas ciencias sociales, como antropología, sociología y economía, brindaron una visión alternativa y más amplia sobre la malnutrición y la obesidad abordando causas poco consideradas o ponderadas con anterioridad, como la capacidad de compra, la inequidad social y la intromisión del capital transnacional en las políticas públicas (Bertrán, 2017; Bordo, 2011; Colls y Evans, 2013; Hernández, 2022; Gómez, 2019; Loría y Salas, 2014; Otero, 2018, 2024; Torres y Rojas, 2024; Rojas y Torres, 2018; Velázquez, 2020). Aunque este corpus de investigaciones brindó una alternativa al enfoque epidemiológico, no articuló entre sí los temas señalados (González, 2019).

En esta forma, pocos son los trabajos en México y fuera del país que parten de un enfoque sistémico que considere las cuestiones estructurales y conecten el consumo con otras etapas del sistema alimentario, junto a los actores sociales inmiscuidos en cada una de ellas (Cabrera et al., 2019; Clapp, 2023; Gómez, 2019; Holt-Giménez, 2017; Lencucha y Thow, 2019; Luiselli-Fernández, 2017; Martínez, 2017; Moreno-Altamirano et al., 2018; Théodore et al., 2019; Ramírez-García et al., 2023; Rubio, 2015a; Santos, 2014). Por tanto, y ante la gravedad del panorama mexicano, el interés de esta investigación reside en aportar, desde la Geografía crítica, al entendimiento de la alimentación como un sistema y un proceso social, y no como un acto personal, lo que requiere partir de un uso distinto del concepto hegemónico de espacio.

Fundamentos teórico-conceptuales

De acuerdo con Smith (2020, p. 101), el uso cotidiano del concepto de espacio ha llevado a obviar su significado dentro y fuera de la academia, lo que ha reducido su definición a una superficie rígida, tangible y neutral que se humanizó después de millones de años de haber sido creado por fuerzas geológicas y climáticas, cuyo estudio había estado anclado hasta la segunda mitad del siglo XX, casi exclusivamente, al campo de la física, las matemáticas o la arquitectura (Lefebvre, 2013; Santos, 2000). Aunque este concepto ha servido para situar, medir y delimitar hechos y fenómenos de índole distinta, poco ha problematizado las relaciones sociales y, además, se ha desentendido de las relaciones de poder, cuando el espacio ha sido, ante todo, una herramienta para imponer, de forma legal o ilegal, los intereses de uno o más actores sociales de campos y escalas divergentes (Lefebvre, 2013; Harvey, 2021; Ibarra, 2012; Santos, 2000; Smith, 2020): “[el espacio]… al mismo tiempo que constituye un medio de producción, [es] un medio de control y, en consecuencia, de dominación y de poder…” (Lefebvre, 2013, p. 86).

Por esta razón, aquí se utiliza la noción de espacio como producción social que deja atrás su definición como recipiente sólido y divorciado de la humanidad con evolución propia y, en cambio, contempla atributos dinámicos, históricos y ligados al poder (Harvey, 2017, 2021; Ibarra, 2012, 2017; Santos, 2000; Smith, 2020). Con ello, la atención recae en los procesos sociales que producen el espacio, mas no en los objetos o los paisajes (Harvey, 2017, p. 155; Harvey, 2021, p. 146). Además, el espacio así concebido, es inherente a la humanidad, inexistente fuera de ella y está unido al tiempo, como un espacio-tiempo, bajo el que acontece todo proceso social (Harvey, 2021, p. 147).

En este tenor, Lefebvre (2013) planteó la noción de “totalidad” para superar la fragmentación del conocimiento científico que limita y tergiversa el entendimiento de la realidad. Partiendo de esta propuesta, el geógrafo brasileño Milton Santos señaló que el espacio puede aprehenderse como una totalidad metodológica, compleja y en cambio continuo, igual que la sociedad que lo produce, de categorías analíticas inseparables (Santos, 2000, pp. 97-98). De ella forman parte, según lo planteado por Santos (1986, 2000, 2022) a lo largo de su pensamiento:

1. la segunda naturaleza y el medio científico-técnico-informacional;
2. la economía y las corporaciones;
3. la sociedad; y
4. el entramado jurídico-político.

Estas categorías funcionan como variables que cambian y se combinan de modo distinto en cada momento y lugar, lo que distingue a una localidad o región de otras (Santos, 1986, pp. 7-8).

Para captar la totalidad del espacio, Milton Santos propuso dos situaciones. La primera fue examinar las interacciones entre las categorías analíticas, puesto que “…los hechos aislados son abstracciones y lo que les da concreción es la relación que mantienen entre sí…” (Santos, 1986, p. 9). La otra situación estriba en enmarcar dichas categorías en la globalización neoliberal que impone un solo medio técnico-científico-informacional, crea objetos más artificiales —incluidos plantas y animales—, fomenta la especialización productiva del territorio e impulsa normas ad hoc al capital transnacional (Santos, 2000). Al respecto, Harvey (2017, 2021), añade que el neoliberalismo impulsa la destrucción creativa de lugares y objetos, incluidos los alimentos, lo que motiva su reconstitución desde múltiples aspectos (técnicos, ideológicos, económicos o jurídicos) para ajustarlos a los intereses hegemónicos. En dicho proceso, el Estado brinda la protección legal o militar para resguardarla (Harvey, 2021; Otero, 2018; Ornelas, 2020). Estos planteamientos y categorías han servido de base, en forma separada o conjunta, a otros trabajos en Geografía para explicar la producción de espacios turísticos, inmobiliarios, carreteros, hidroeléctricos o deportivos (Ibarra, 2012, 2017, 2020; Ibarra y Talledos, 2016; Melgaco y Prouse, 2017) y se recuperan aquí, por vez primera, para abordar el espacio alimentario en México.

Metodología

El trabajo utilizó una metodología cualitativa de tipo exploratorio y descriptivo, ya que problematizó la alimentación desde un concepto no usado en esta materia: el espacio como producción social, lo que permite identificar los rasgos sobresalientes de los procesos y actores sociales en la alimentación, mediante el análisis documental (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2010, pp. 91-92). Así, la investigación analizó documentos científicos y otras fuentes de información para reconocer procesos o acciones clave sobre el consumo de PU del período analizado y, después, clasificarlos y organizarlos a la luz de las categorías espaciales formuladas por Milton Santos. La primera fase indagó la segunda naturaleza y el medio científico-técnico-informacional tras los alimentos contemporáneos en general y los productos ultraprocesados, en particular.

Posteriormente, se identificaron hechos relevantes en términos sociales y económicos en la producción del espacio en México, entre 1994 y 2018, relacionados con el consumo de PU. El período estudiado se seleccionó considerando el crecimiento destacado, entre 1994 y 2018, del consumo nacional de PU (OPS, 2019; Gómez, 2019), lo que conllevó un aumento del sobrepeso y la obesidad que, para 2018, alcanzó a tres de cuatro personas adultas (Shamah-Levy et al., 2020). Se sumaron los casos de diabetes mellitus que, entre 2005 y 2014, fueron del 11.2% de la población mexicana, la mayor del continente americano (OMS, 2019, citado en Gómez, 2019). Además, las muertes por esta enfermedad pasaron de 30 mil, en 1994, a 106 mil, en 2016, siendo la suma de dicho período mayor que los decesos por la Revolución Mexicana, según manifestó la Secretaría de Salud, en 2016, cuando declaró la emergencia epidemiológica por sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus (SS, 2016).

Por otro lado, el período estudiado inició con dos sucesos cruciales en la historia del país que influyeron en la transición alimentaria: el TLCAN, que orientó la producción del espacio mexicano hacia una élite nacional y transnacional, y la crisis económica de 1994-1995, que generó un empobrecimiento sostenido de la población (Bojórquez-Luque, 2024; Ibarra, 2020). Además, entre 1994 y 2018, hubo cuatro sexenios presidenciales bajo gobiernos de derecha, dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dos del Partido Acción Nacional (PAN), previos a la victoria presidencial, en 2018, del partido de izquierda Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), cuando el gobierno mexicano (en los dos sexenios presidenciales: 2018-2024 y 2024-a la fecha) asume una postura discursiva opuesta al consumo de PU y a las corporaciones que los fabrican —suceso inédito en el país—, y, además, elabora leyes, decretos y reglamentos más estrictos que los pasados para limitar su publicidad y venta en los que participan actores sociales (academia y organizaciones civiles) excluidos en los sexenios anteriores, cuya materialización y efectos reales en la dieta de la población ameritan un abordaje aparte.

Para la elaboración de las cuatro categorías espaciales señaladas en el marco teórico se compiló información de repositorios universitarios, de los que se obtuvieron libros y capítulos de libros acerca de los cambios recientes en la dieta y, de manera transversal, sobre el contexto económico, social y político bajo el que ocurrieron en México. Posteriormente, se consultaron artículos científicos publicados en español e inglés de cuatro motores de búsqueda: ERIC, SciELO, Scopus y Google Académico. Para ello, se usaron las siguientes palabras clave: dieta, alimentos/alimentación, ultraprocesados, neoliberalismo, capitalismo/neoliberalismo, obesidad, diabetes, industria/corporaciones, políticas públicas, México. De esta información se realizaron búsquedas adicionales para especificar los datos obtenidos de cada categoría espacial. La selección de los trabajos hallados consideró la concordancia con el período y el tema de la investigación, así como la pertenencia de los artículos hallados a revistas arbitradas. Además, en el análisis de los documentos se revisaron los títulos y los resúmenes y se seleccionaron 31, debido a que se ajustan al enfoque sistémico y crítico de la alimentación, desde alguna disciplina social: economía, sociología, antropología y ciencia política.

Para la sistematización y codificación de la información se consideraron las cuatro categorías espaciales formuladas por Santos (2000), mediante bloques temáticos que, según el análisis de la literatura seleccionada, tuvieron más peso en la predisposición de la población a los PU. Con ello, se armó una matriz analítica en Excel, ordenada cronológicamente, de la que se extrajeron los datos más relevantes para la elaboración de los resultados.

Para evitar sesgos en la información y dimensionar mejor la magnitud de ciertos procesos socioeconómicos que cambiaron la dieta en México, se recabaron cifras clave de siete instituciones: Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ETC-Group, Oxfam Internacional, Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Para la última categoría espacial, el entramado jurídico-político, se analizaron tres políticas clave en alimentación y salud del período analizado, seleccionadas para este trabajo: Plato del Bien Comer (2006), Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (2010) y Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes Mellitus (2014), consultadas en páginas web de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y el Diario Oficial de la Federación (DOF). También se consultó el Código PABI, un reglamento empresarial en publicidad del año 2009, patrocinado por el Consejo Mexicano de la Industria del Consumo (ConMéxico). Para identificar el alcance de dichas políticas, se recurrió a estudios de la organización civil El Poder del Consumidor que, desde 2007, investiga y denuncia la interferencia empresarial en temas de alimentación y la salud pública.

Aunque los datos recabados poseen un grado de generalización alto, permiten apreciar por qué el consumo de PU se profundizó en México entre los años señalados.

La dieta ultraprocesada en México: rasgos y afianzamiento

En este apartado se aplican las categorías analíticas del espacio geográfico creadas por Milton Santos para explicar, primero, la segunda naturaleza y el medio científico-técnico-informacional que enmarcan el surgimiento de los PU y, posteriormente, el contexto social, económico y político que afianzó su presencia en México. De esta manera, el presente estudio busca trascender la dimensión cartesiana y tangible del espacio, hecha en trabajos previos sobre el espacio alimentario u obesogénico. Se trata así de reconstruir el espacio a partir de procesos sociales de carácter histórico y estructural en diferentes escalas geográficas, aunque se privilegia la escala nacional, dado que el consumo de PU en México permea todo el país.

Para efectos de este trabajo, y como se ahonda más adelante, por dieta ultraprocesada se entiende la ingesta cotidiana de un conjunto de productos sólidos y líquidos que, si bien incluyen la comida chatarra, alta en calorías y en azúcares añadidos, también engloba comestibles o bebidas presentes en la cotidianidad de la población, de gran atractivo y practicidad, y con una publicidad desbordante (Monteiro et al., 2019).

Los PU como segunda naturaleza y objetos científico-técnicos

Con base en Santos (1986; 2000), Harvey (2017, p. 254) y Smith (2020, p. 61), el concepto de segunda naturaleza anula cualquier antagonismo entre naturaleza y sociedad, puesto que implica una alteración permanente, física y simbólica, de la primera naturaleza mediante el trabajo. Esta noción, afirma Ibarra (2012; 2017), deja de lado la idea romántica, prístina o virgen de la naturaleza que desvanece el trasfondo social, económico o político de varios problemas contemporáneos, como la transición alimentaria (Ibarra, 2012; 2017). Para producir naturaleza, explica Santos (2022), se requieren técnicas que aparecen en “familias” o sistemas (pp. 32-33). De ahí que la naturaleza debe ser entendida como una sobreposición de técnicas de origen diverso a lo largo del tiempo (Santos, 1986, p. 6), y que se refinan con el capitalismo que usa los avances más novedosos en la ciencia para diseñar una naturaleza adecuada para garantizar la acumulación incesante del capital (Santos, 2000; Harvey, 2014, 2017). De modo que las técnicas surgidas con el capitalismo permiten a grandes empresas competir con productos cada vez más novedosos en el mercado (Smith, 2020, p. 61), incluidos los alimentos, cuya rentabilidad proviene de su carácter vital (Cabrera et al., 2019). Lo anterior detona la investigación científica en tecnología para controlar recursos estratégicos, moverlos en los tiempos y las cantidades que el capital así lo requería y cambiar sus atributos físico-químicos o genéticos (Harvey, 2017; Smith, 2020, p. 61; Santos, 2022; Ibarra, 2012, 2017).

A la luz de estos postulados y con base en la literatura revisada (ETC-Group, 2022; Otero, 2018; Santos, 2019), la segunda naturaleza en materia alimentaria fue patente con la domesticación de cultivos y animales miles de años atrás, pero escaló varios peldaños con la Revolución Verde de mediados del siglo pasado y se afianzó en los años ochenta con la biotecnología. Este paquete de técnicas novedosas (agroquímicos, monocultivos, maquinarias, fertilizantes y semillas mejoradas) permitió niveles récord de producción agropecuaria, al tiempo que soslayó condicionantes físicos: relieve, clima o suelo (McMichael, 2015). La expresión máxima de esta segunda naturaleza son los transgénicos y los PU, relacionados entre sí, tras los que subyacen, según Monteiro et al. (2019) y la OPS (2019), tecnología de punta y un interés de lucro.

En este tenor, la segunda naturaleza detrás de los PU precisa, igual que cualquier otro objeto o mercancía, esclarecer su trasfondo técnico-científico-informacional (Santos, 2000). Al respecto, Monteiro et al. (2019) señalan que los PU ya no son alimentos, sino “fórmulas industriales” (937) con cualidades organolépticas excepcionales con sabores, olores, texturas y colores sugestivos que buscan atraer el mayor número de consumidores, crearles adicción y relegar el consumo de alimentos menos procesados. El adjetivo “ultraprocesado” en la clasificación NOVA (Cuadro 1), se articula con sustancias sintetizadas o refinadas de alimentos enteros, cambios físico-químicos radicales, insumos de bajo costo, calidad deficiente, empaques sofisticados y publicidad agresiva (Monteiro et al., 2019, p. 937). Además, el ultraprocesamiento incluye la combinación de sodio, azúcares libres, harinas refinadas, grasas saturadas y aditivos químicos, varios derivados del petróleo, que prolongan su duración y magnifican su sabor, lo que estimula una ingesta excesiva del producto sin que el consumidor se percate (Monteiro et al., 2019; OPS, 2019).

Por otra parte, Santos (2022, p. 32) distingue el sistema técnico actual de los previos por la pretensión de anular a otros sistemas técnicos y la técnica de la información. La última permite al capital transnacional implantar ideologías de progreso y modernidad que justifican su expansión y disimulan sus “perversidades”: corrupción, enfermedades, hambrunas o despojos (Santos, 2022, pp. 26, 27). Bajo esa lógica, la publicidad resulta crucial para las corporaciones contemporáneas, ya que les permite asociar sus mercancías con sentimientos, valores y anhelos para crear consumidores y ocultar sus intenciones (Santos, 2022, p. 45). Afirmación cierta para los PU, cuya publicidad utiliza de forma indiscriminada imágenes y discursos de amor, esperanza, felicidad, inclusión, solidaridad o popularidad, discordantes con su calidad. Esto se corrobora en anuncios publicitarios de Coca-Cola, PepsiCo o Nestlé que también promueven un estatus anclado a la vida urbana, la modernidad e incluso la salud (Monteiro et al., 2019) frente al que los alimentos tradicionales en México encaran un desprestigio y son ligados con la pobreza o lo atrasado, como los frijoles cuyo consumo bajó de 16 a 9 kilos en el período estudiado (Gálvez y Sandoval, 2022).

En suma, la segunda naturaleza de los PU muestra que, aunque la transformación industrial de los alimentos ha sido cada vez más intensa, ha sido inversa a su calidad nutricional, a grado de causar ansiedad, alergias, úlceras en el estómago, diabetes mellitus y tumores malignos (Monteiro et al., 2019; OPS, 2019). Los postulados anteriores ponen de relieve que los PU se diferencian de los alimentos no sólo en el tema nutricional de los alimentos, sino en su valor simbólico en el que se mezclan (Monteiro et al., 2019; Velázquez, 2020), lo que apoya el hecho de llamarlos simplemente “comestibles” o “productos”. Se suma el hecho de que solo grandes corporaciones capaces de obtener tecnología de punta, comprar científicos e invertir en marketing, fabrican y comercializan PU exitosos en el mercado (Monteiro et al., 2019). Por tanto, el acápite que sigue explica cómo esas corporaciones han logrado controlar la distribución de alimentos en México.

El control corporativo de los alimentos

Los PU forman parte de un sistema agroalimentario global creado desde mediados del siglo pasado por Estados Unidos (1950-1970), cargado de discursos (como acabar con el hambre) e intenciones (como corromper las formas locales de producir alimentos y a quienes las realizan) (McMichael, 2015; Otero, 2018; Rubio, 2015a). Este sistema se afianzó con el régimen neoliberal cuando las corporaciones transnacionales se tornaron, según Ornelas (2020, pp. 103-104), los sujetos clave del capitalismo, al atesorar ganancias, tecnología y experticia legal para producir espacios propicios a sus intereses y superar el poder y la riqueza de los Estados nacionales (Holt-Giménez, 2017; Clapp, 2023). En la alimentación, estas corporaciones formaron un oligopolio que hoy rige cada eslabón de la cadena agroalimentaria, lo que transgredió el desarrollo de otros sistemas alimentarios, como las milpas en México y América Central (McMichael, 2015, p. 90; Cabrera et al., 2019; Keenan, Monteath y Wójcik, 2023; Otero, 2018). Además, datos del ETC-Group (2022) revelaron que seis empresas controlaban el 58% de las semillas comerciales y el 78% de los agroquímicos, cuando veinte años atrás lo hacían 7000 y 65 empresas, respectivamente, lo que refleja un acaparamiento inusitado de poder.

Asimismo, la literatura revisada (Cabrera et al., 2019; ETC-Group, 2022; McMichael, 2015; Keenan et al., 2023; Otero, 2018; Rubio, 2015a; Santos, 2014, 2019), ha exhibido varias contradicciones funcionales del régimen corporativo agro-alimentario, como son: a) uso intensivo de petróleo, agua, ciencia y tecnología; b) separa con cientos o miles de kilómetros a productores de consumidores; c) produce un exceso de alimentos y desperdicia más de la tercera parte; d) destruye la agro-biodiversidad; e) estandariza la dieta humana con pocas especies vegetales y animales; y f) produce sufrimiento animal y explotación laboral. Este conjunto de contradicciones ha posibilitado a la industria alimentaria llevar al extremo el valor de cambio de los alimentos, lo que se exacerbó con la crisis de 2008, cuando su escasez o abundancia pasó a depender más de la especulación que de la oferta-demanda, y develó el origen político e intencional del hambre y la desnutrición (Cabrera et al., 2019; McMichael, 2015; Rubio, 2015a; Otero, 2024; Lencucha y Thow, 2019).

Bajo el amparo del régimen corporativo alimentario se multiplicaron y diversificaron los insumos para crear PU: harinas refinadas, aceites y jarabes de soya, maíz, trigo o palma africana, junto con otros edulcorantes y aditivos químicos, la mayoría transgénicos de monocultivos que degradaron y acapararon suelos y aguas (Cabrera et al., 2019; McMichael, 2015; Keenan et al., 2023; Otero, 2018). Paralelamente, cuatro corporaciones concentraron la producción de granos básicos: las ABCD por sus iniciales: Archer-Daniels-Midland, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus (Rubio, 2015a) y diez controlaron el mercado de PU: PepsiCo, Unilever, Coca-Cola, Mars, Mondelēz, General Mills y Kellogg’s (Estados Unidos), Nestlé (Suiza), Danone (Francia) y Associated British Foods (Reino Unido) (Hoffman, 2013).

En México, la irrupción de esas corporaciones ocurrió con el TLCAN que les brindó acceso privilegiado, legal y físico, a tierras, aguas y espacios públicos (Gálvez, 2022; Ibarra, 2020; Hawkes, 2006, p. 7). Por ello, la literatura revisada califica al TLCAN como uno de los acuerdos comerciales más pretenciosos, precipitados e inequitativos en el mundo (Gálvez, 2022; Santos, 2014, 2019, p. 273) que apuntaló a México como: “un enorme laboratorio de experimentación neoliberal id est de perseverante aplicación del decálogo de ‘reformas estructurales’ y ‘disciplinas macroeconómicas’ recomendadas por el FMI y el Banco Mundial” (Calva, 2019, p. 580).

En alimentación, Rubio (2015b) subraya que el TLCAN hizo de México “un caso pionero en la expansión agroalimentaria de Estados Unidos” (p. 56) que destruyó el campo mexicano. Esto porque, según diversos autores (Martínez, 2017; Otero, 2018; Rubio, 2015a, 2015b; Santos, 2019), el gobierno mexicano descuidó de forma deliberada la producción campesina de alimentos básicos, transfirió infraestructura y subsidios a empresas transnacionales y prefirió comprar alimentos baratos y sin calidad, de origen transgénico e industrial, de Estados Unidos. Con ello, México se convirtió en uno de los mayores importadores de alimentos en el mundo, sobre todo de maíz amarillo para forraje y fabricar PU (Rubio, 2015a, 2015b; Otero, 2018; Santos, 2019).

El TLCAN, ratificado con el T-MEC, en 2018, antecedió 13 tratados de libre comercio con 42 naciones, lo que afianzó a México como una de las economías más abiertas en el mundo, “cuyo grado de apertura se quintuplicó de 13%, en 1970, a 71% en 2017” (Santos, 2019, p. 273). Este hecho diferenció al país de otras naciones con menor consumo de PU y prevalencia de obesidad, ya que el TLCAN amplió el espectro y tamaño de estos productos y los reformuló con sustancias baratas y adictivas, más apetecibles y asequibles (Gálvez, 2022; Hawkes, 2006, pp. 7-8; Santos, 2019). Por ello, hay consenso en la literatura en señalar que el TLCAN empeoró la autosuficiencia alimentaria de México y creó una dependencia comercial hacia Estados Unidos que transgredió su soberanía y deterioró la salud de su población (Gálvez, 2022; Moreno-Altamirano et al., 2018; Otero, 2018; Rubio, 2015a; Torres y Rojas, 2024; Santos, 2019). A ello se sumó la llegada masiva de corporaciones fabricantes que hicieron de México un productor y exportador destacado de PU a nivel mundial (Hawkes, 2006, pp. 7-8), así como el acaparamiento de las vías de abasto de alimentos por grandes corporaciones (Gasca y Torres, 2014). Este proceso comenzó con las tienditas de raíz familiar, cuya ubicuidad usaron empresas nacionales y foráneas (Coca-Cola, PepsiCo, Bimbo, Danone, Kellogg’s, Lala y Nestlé) para diseminar PU por todo el país (Gálvez, 2022).

Siguió la instalación de una red moderna de firmas extranjeras de distribución de PU con malls, supermercados, franquicias de comida rápida, clubes de precio y tiendas de conveniencia, en cuya cifra y superficie México destacó entre todos los países de América Latina (Gasca y Torres, 2014, p. 137). Aunque estos negocios se concentraron en las metrópolis del país, pronto expandieron su rango de acción y diversificación por área, imagen y segmento (Gasca-Zamora, 2017; Gálvez, 2022).

Lo anterior incluyó zonas periféricas y marginadas, junto con localidades rurales en las que centros comerciales, supermercados y tiendas de conveniencia crecieron como símbolos de modernidad y nuevas centralidades (Gasca-Zamora, 2017, pp. 88-89). Dos emblemas de este proceso son Walmart y Oxxo, que se afianzaron como monopolios por acaparar cerca del 90% de los autoservicios y el 70% de las tiendas de conveniencia, respectivamente (Cofece, 2020). Desde 2010, Walmart ha abierto, en promedio, 120 unidades al año, mientras que Oxxo ha instalado cerca de mil unidades anuales (Cofece, 2020). Además, los restaurantes de comida rápida, como McDonald’s y Burger King, se triplicaron del 2001 al 2018 (de 387 mil a más de un millón), lo que explica el crecimiento del 360% en el gasto de la población mexicana en alimentos procesados y PU (Torres y Rojas, 2024, pp. 18, 23). Finalmente, Torres y Rojas (2022, 2024) argumentan que la inversión en logística y organización de las empresas fabricantes y distribuidoras de PU, les permite mover ingentes volúmenes de mercancías, crear marketing sofisticado, abrir todo el día, integrar proveedores múltiples, acaparar millones de clientes e instalar centros de distribución colosales, lo que apuntala su impronta territorial, al tiempo que opaca otras fuentes de alimentos, como los mercados públicos que dejaron de construirse (Gasca y Torres, 2014, p. 136).

En suma, el escenario descrito permitió a las corporaciones de PU transgredir la cotidianidad de la ciudadanía, de forma física y virtual, lo que facilitó el consumo de dichos productos en todo momento. Este proceso se reforzó con la degradación de la calidad de vida de la población mexicana y de sus espacio-tiempos de alimentación, como se esboza enseguida.

La sociedad mexicana y sus espacio-tiempos de alimentación

Para producir espacios flexibles y competitivos, el neoliberalismo modificó los espacio-tiempos de la sociedad (Harvey, 2017, 2021), incluida su alimentación. Para dilucidar dichos cambios, es necesario enfatizar algunos hechos que hicieron proclive a la población mexicana a consumir más PU que alimentos frescos. De la revisión documental se desprende que el TLCAN, la crisis económica de 1994, la privatización (de empresas paraestatales, recursos estratégicos, tierras ejidales y espacios públicos) y las reformas estructurales (en educación, energía y el ámbito laboral) resultaron provechosas sólo a una élite transnacional (Bojórquez-Luque, 2024; Harvey, 2017; Ibarra, 2020; Ortiz y Venegas, 2021). Tres consecuencias de este proceso fueron la concentración del 80% de la riqueza nacional en menos del 10% de la población, lo que hizo de México uno de los países con mayor desigualdad económica (Chancel et al. 2022, citado en Otero, 2024), así como el crecimiento del desempleo y el endeudamiento de los hogares (Ortiz y Venegas, 2021).

Más aún, con el TLCAN, el gobierno mexicano quiso satisfacer las necesidades de Estados Unidos, apuntalando la fuerza de trabajo como principal ventaja comparativa del país (Calva, 2019; Bouzas, 2019), sobre todo, afirma Otero (2018), ante un Estados Unidos interesado en costos de producción bajos que sortearan su declive hegemónico. Esto se tradujo en una precarización laboral extrema que aumentó el tiempo de trabajo por encima al de muchas naciones, como lo explica más abajo el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM, 2018). Datos de la OECD (2024) revelan que, en 2018, una persona promedio laboraba 2,258 horas al año (43 horas/semana), casi 500 horas más que la media de sus países miembros, lo que deterioró la calidad de vida de la población mexicana. En ese año, la encuesta nacional sobre uso del tiempo mostró que el tiempo total de trabajo de la población de 12 años y más era de 56.6 horas semanales en promedio (INEGI, 2020). Empero, la suma de los promedios del trabajo remunerado (44 horas), del trabajo doméstico y de cuidados (28 horas) y la producción de bienes para el hogar (6 horas) fue casi de 80 horas (INEGI, 2020), sin considerar los traslados hogar-trabajo-hogar, de seis horas o más en las grandes metrópolis del país donde reside el grueso de la población mexicana (Hernández, 2022).

Paralelamente, el salario mínimo cayó por debajo del nivel de subsistencia y fue uno de los más bajos de los países en desarrollo, al lado de Haití e inferior al de China (Moreno-Altamirano et al., 2018; Munguía, 2019). El desplome salarial derivó del interés oficial por captar capitales extranjeros, mantener la inflación baja y potenciar la competitividad del país, lo que neutralizó la organización sindical y el crecimiento laboral (Bouzas, 2019; Munguía, 2019; Ortiz y Venegas, 2021). Sobre esto, el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM, 2018) destacó que, desde antes de la entrada del TLCAN, entre 1987 y 2017, el poder adquisitivo de las clases trabajadoras se contrajo cerca del 80%, según la Canasta Alimenticia Recomendable, de cubrirla, en 1987, con un salario mínimo en 4 horas y 53 minutos, requirió más de un día, en 2017, con 24 horas y 31 minutos (CAM, 2018). Este proceso anuló el tiempo de muchas actividades no laborales, incluida la alimentación.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012 acentuó ese panorama, ya que, según Bouzas (2019), “toleró todas las formas de degradación del trabajo” (p. 67): contratos temporales, empleos inestables, pérdida de antigüedad, despidos injustificados y otros “casos descarados” de abuso laboral (p. 67). Aunque reformas al artículo 123 constitucional de 2017 plantearon un panorama laboral más justo, no detuvieron la caída del poder adquisitivo y la precariedad laboral (Bouzas, 2019), lo que minó la seguridad alimentaria de la población (Moreno-Altamirano et al., 2018).

El contexto esbozado anteriormente forzó a las clases trabajadoras a conseguir dos o más empleos en la economía informal (bajo mayor precarización) e integró a otros miembros de la familia al trabajo remunerado, sobre todo a mujeres, que suelen cuidar más la alimentación en los hogares que los hombres (Bouzas, 2019; Rojas y Torres, 2018). Además, la sociedad suprimió su tiempo de ocio y entrelazó actividades laborales y no laborales en un mismo espacio (CAM, 2018).

En cuestión alimentaria, esto ocasionó varios hechos entrelazados que resultaron favorables al consumo de PU: expulsó cocinas y comedores al espacio público, aumentó el gasto en comidas fuera del hogar (hasta el 35%), saturó de cargas laborales a las mujeres, suprimió la convivencia, los muebles y los espacios para comer, al tiempo que mezcló la comida con tareas de todo tipo (González, 2019; Hernández, 2022; Ramírez-García et al., 2023; Torres y Rojas, 2022, 2024).

Bajo este contexto, los PU toman relevancia entre la población mexicana por tres razones: una, escatiman tiempo, esfuerzo y dinero a la sociedad por estar “listos para comer o calentar” (Monteiro et al., 2019, p. 938), lo que permite consumirlos en todo tiempo y lugar, sin impedir otras actividades; dos, por ser altos en calorías y sabrosos resarcen, casi de forma inmediata, el desgaste laboral o escolar, aunque a la larga lo agravan (Monteiro et al., 2019; Otero, 2024, p. 12) y, tres, su practicidad representa un aliciente para la población por aminorar su carga laboral (Hernández, 2022; Rojas y Torres, 2018).

Finalmente, la falta de tiempo y el desgaste físico y emocional asociados con largas jornadas de trabajo agravan la predisposición de la sociedad a los PU por dos hechos: uno, la escasez de fuentes confiables en el entorno cotidiano del consumidor (García y Bermúdez, 2021, p. 27). La otra es la transgresión de las corporaciones de PU en todo tipo de espacio-tiempos dentro y fuera del hogar, desde celebraciones populares y religiosas hasta tradicionales (Théodore et al., 2019), así como eventos académicos, deportivos, artísticos o culturales, lo que garantiza la exposición permanente de la sociedad a los PU.

De lo dicho aquí sobresale el deterioro en la calidad de vida de la población mexicana, debido a trabajos precarios y desgastantes que poco le permitieron velar por su alimentación, coartaron sus elecciones en este tema y contrajeron sus espacio-tiempos. Además, el confinamiento de la sociedad en trabajos y traslados hogar-trabajo/escuela-hogar encajó con varias bondades ofrecidas por los PU, como ahorro de tiempo y provisión rápida de calorías, proceso que apuntaló el propio Estado mexicano, como se expone a continuación.

El entramado jurídico-político

Esta variable del espacio muestra la última pieza que predispuso a la sociedad mexicana a consumir PU de manera habitual. Para efectos de este trabajo, las normas, leyes o regulaciones aplicadas a la comercialización de PU contemplan cuatro aspectos considerados como instrumentos de política pública por la OMS para combatir su consumo: publicidad, etiquetado frontal, venta en escuelas e impuestos (Macari, Berumen y Calvillo, 2018). Así, de acuerdo con la literatura revisada (Calvillo et al., 2015; Bojórquez-Luque, 2024; Calvillo y Székely, 2018; Gómez, 2019; García y Bermúdez, 2021; Montes de Oca, 2019), hubo dos momentos clave del período aquí analizado que muestran la desidia oficial para limitar el consumo de PU y un nexo Estado-corporaciones, manifestado por regulaciones contradictorias y acuerdos público-privados. El primer momento atañe a tres sexenios presidenciales: Zedillo-Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox-Quezada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2007-2012), en los que el Estado dejó el campo abierto a las corporaciones de PU para vender en cualquier lugar, no hizo nada sobre el tema, aceptó normas empresariales en publicidad y las hizo “socias” o patrocinadoras de programas sociales. El segundo momento es el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que parece endurecer su actuación frente a la comercialización de PU, aunque respetando el interés de empresas de PU con regulaciones ad hoc (Calvillo, Espinosa y Macari, 2015; Montes de Oca, 2019).

En el primer período señalado sobresale la falta de acciones oficiales para combatir el consumo de PU, lo que da lugar a una publicidad y venta desbordantes en espacios públicos, como escuelas y hospitales (García y Bermúdez, 2021). Se suma la elaboración, en 2005, de un Plato del Bien Comer con PU incluidos (DOF, 2006), difundido en talleres educacionales de programas de atención a la pobreza en localidades urbanas y rurales, como “Oportunidades” en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón y “Prospera” con Enrique Peña Nieto (Velázquez, 2020). Pese a que esta medida pretendía dirigir a la sociedad en su elección diaria de alimentos, añadió pastas, panes y cereales ultraprocesados, cualidad que a la fecha sigue vigente dentro de la canasta básica alimentaria, al tiempo que dejó fuera alimentos tradicionales de alto valor nutricional, como el amaranto (Velázquez, 2020, p. 90; Montes de Oca, 2019).

En publicidad, las primeras acciones contra los PU provinieron de organizaciones empresariales como ConMéxico que diseñó, en 2009, el Código PABI (Calvillo y Székely, 2018), documento que, según dicha organización, “refleja el compromiso de la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas con la salud de los niños mexicanos” (CONAR, 2009, p. 4), pero que fue señalado por la sociedad civil por su imprecisión para especificar qué productos prohibía publicitar y el conflicto de interés indiscutible (Macari, Berumen y Calvillo, 2018, pp. 28-29). Ese mismo año, comentan Calvillo y Székely (2018), corporaciones como Coca-Cola, Nestlé y PepsiCo usaron etiquetas frontales en sus productos para mostrar el contenido de calorías, azúcares libres, sodio y grasas saturadas, pero con cifras diminutas e indescifrables para el grueso de la población, sobre todo para infantes, adolescentes o sectores con discapacidad visual y analfabeta.

De lo hecho por el Estado, destaca el Acuerdo Nacional Salud Alimentaria (ANSA) (SEP, 2010) para “promover una nueva cultura de salud” entre la población escolar (p. 10). Este acuerdo público-privado exigió a docentes y directivos inculcar al alumnado la actividad física y los hábitos alimenticios saludables, pero sin capacitaciones de por medio y asegurando que “ningún producto en sí mismo produce obesidad” (SEP, 2010, p. 23), lo que reveló un enfoque individual y favorable a las corporaciones. Además del ANSA se desprendieron lineamientos generales voluntarios para moderar la venta de PU en las escuelas que, al final, solo contrajeron sus porciones (García y Bermúdez, 2021), lo que postergó su presencia en las cooperativas escolares hasta 2025. Ese hecho mostró, según Calvillo y Székely (2018, p. 38), el contubernio entre corporaciones de PU y las secretarías inmiscuidas en dicho proceso: salud, educación y economía.

Con Enrique Peña-Nieto como presidente, las regulaciones anteriores se registraron en el Diario Oficial de la Federación (García y Bermúdez, 2021), lo que continuó el vínculo oficial con las corporaciones, pero a un nivel mayor, debido a que el Estado las diseñó (Cabrera, 2018; Calvillo y Székely, 2018, p. 42). A partir de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se trazaron varias acciones a seguir (SS, 2013), supervisadas por el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT), integrado por asociaciones patrocinadas por corporaciones de PU (García y Bermúdez, 2021). Algunas de las acciones propuestas fueron limitar los anuncios de PU en salas de cine y en horarios de televisión abierta, de lunes a viernes de 14:30 a 19:30 horas y fines de semana de 7:00 a 19:00 horas (Cabrera, 2018) cuando, en realidad, la población infantil veía más telenovelas, eventos deportivos y realities, entre las ocho y diez de la noche, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Cabrera, 2018; Calvillo, Espinosa y Macari, 2015; Macari, Berumen y Calvillo, 2018).

Adicionalmente, El Poder del Consumidor puso de relieve tres circunstancias que afianzaron la dieta ultraprocesada en México: una, la inclusión repentina y autoritaria del etiquetado creado por las empresas en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Salud, acción que se hizo sin consultas públicas (Calvillo y Székely, 2018, p. 42); dos, la actualización de los lineamientos generales para el expendio de alimentos y bebidas en las escuelas que consintió la venta de PU toda la semana por un monitoreo deficiente (García y Bermúdez, 2021). La tercera fue un impuesto a refrescos de un peso por litro y a alimentos calóricos del 8% del precio por cada 100 gramos, cuyos ingresos no se destinaron a construir bebederos escolares o a desarrollar otras políticas de salud (García y Bermúdez, 2021), lo que es indicativo del contubernio con las corporaciones de PU.

Para cerrar este apartado se debe destacar el respaldo en los sexenios de Fox-Quezada, Calderón-Hinojosa y Peña-Nieto de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública a programas sociales de Coca-Cola (Escuelas Saludables y Ponte al 100), Nestlé (Niños Saludables) y PepsiCo (Vive Saludable) sobre ejercicio y alimentación en primarias y secundarias, así como la Cruzada Nacional contra el Hambre (2013-2015), mediante la que Nestlé y PepsiCo organizaron con el gobierno mexicano cursos sobre estilo de vida y emprendimiento en localidades marginadas (Calvillo y Székely, 2018; García y Bermúdez, 2021; Montes de Oca, 2019).

Discusión y conclusiones

Esta investigación mostró, a la luz del concepto de espacio como una totalidad, las razones por las que la dieta ultraprocesada se afianzó en México entre 1994 y 2018. La causa proviene de procesos sociales concatenados de la escala nacional y la global que se sumaron sexenio tras sexenio y que tuvieron que ver con la imposición de políticas neoliberales extremas, sobre todo a partir del TLCAN, que dio ventajas al capital transnacional, incluido el sector agroalimentario, para producir espacios acordes con la tasa máxima de ganancia.

La primera categoría del espacio, la segunda naturaleza, develó cómo grandes corporaciones degradaron las cualidades nutrimentales de los alimentos con tecnología de punta para apuntalar su valor de cambio. La irrupción de estos comestibles a la cotidianidad de la población mexicana ocurrió, como revelaron el resto de las categorías espaciales, por un engranaje casi perfecto y paralelo de tres procesos: uno, la apropiación empresarial del sistema alimentario nacional, en general, y el suministro de alimentos, en particular; dos, el declive en la calidad de vida de la población, dada la contracción del poder adquisitivo y sus espacio-tiempos libres, lo que la orilló a elegir comestibles prácticos y con muchas calorías para afrontar su desgaste laboral. El tercer aspecto fue la porosidad de las instituciones oficiales ante los intereses corporativos, que redundó en restricciones insuficientes o inútiles para regular la venta de PU, así como en un apoyo abierto del gobierno mexicano a fabricantes y distribuidores para acercarlos a la población con acuerdos público-privados. Así fue como grandes corporaciones de PU llegaron a cada localidad del país y se apropiaron de los espacio-tiempos de sus habitantes, a menudo confinados en trabajos desgastantes y en traslados hacia y desde sus espacios laborales o domésticos.

Esta concatenación de factores científico-técnicos, socioeconómicos y jurídico-políticos hecha mediante el concepto de espacio, evidenció la complejidad de decidir lo que se come, lo que es consistente con investigaciones previas. Primero, por la necesidad de aprehender la alimentación como un sistema (HLPE, 2017) o un “hecho social total”, haciendo eco de Marcel Mauss (Ramírez-García et al., 2023; Théodore et al., 2019), “recuperando la conexión entre etapas, procesos y elementos” (Cabrera et al., 2019, p. 437), de escalas diversas, incluido el hogar donde se profundizan las relaciones capitalistas y patriarcales (Bertrán, 2017; González, 2019, p. 192; Martínez, 2017).

Segundo, este trabajo exhibió, igual que estudios precedentes en ciencias sociales, el control violento de la sociedad por las corporaciones transnacionales que, aunque imperceptible y normalizado, condicionó la libertad de “hacer, ser y comer” (González, 2019; Ramírez-García et al., 2023, p. 28), lo que comprueba varias situaciones señaladas por Ornelas (2020) sobre este tipo de corporaciones: uno, su posición central en el sistema capitalista; dos, su crecimiento inverso al bienestar humano y, tres, su afianzamiento político y económico apoyado por el Estado, que les permite entrometerse en asuntos clave del país, como la alimentación y la salud.

A partir del contexto anterior, son claras cuatro situaciones del período estudiado: una, la forma en que las decisiones de la población en materia alimentaria quedaron ancladas a un poder hegemónico corporativo (Cabrera et al., 2019; Moreno-Altamirano et al., 2018; Otero, 2018; Ramírez-García et al., 2023: 28; Torres y Rojas, 2024). Dos, al tiempo que el sistema neoliberal degradó los alimentos, también lo hizo con la calidad de vida de la sociedad y sus espacio-tiempos de alimentación (Bertrán, 2017; Otero, 2018; McMichael, 2015). Tres, la incorporación de PU a los hogares mexicanos trastocó su autosuficiencia alimentaria, al eclipsar tradiciones culinarias y volverlos dependientes de alimentos basados en la tasa de ganancia (Velázquez, 2020) y, cuatro, el alcance de los alimentos como un dispositivo eficaz de control social, debido a su carácter vital (Cabrera et al., 2019, p. 425; González, 2019, p. 197; Rubio, 2015a).

Asimismo, con base en el análisis interrelacionado de las categorías espaciales, es posible afirmar que el afianzamiento del consumo de PU en México y las enfermedades subsecuentes, tuvieron como trasfondo un despojo articulado, en cuyo universo están los medios de producción, la transmisión de saberes, el tiempo libre, el poder adquisitivo, la información, la salud y el espacio público. Esto devela la intencionalidad de incorporar y gastar recursos públicos en políticas alimentarias o de salud pública que focalizan la atención en las causas individuales de la malnutrición y la obesidad, como son campañas basadas en la conciencia, la educación o la autodisciplina (Bertrán, 2017; Martínez, 2017; Otero, 2024; Velázquez, 2020).

Por tanto, y ante la noción del espacio como una totalidad, resulta insuficiente cambiar algunas circunstancias para reducir el consumo de PU. Por ello, además de crear impuestos, etiquetados claros y restringir su venta en escuelas, como se ha hecho en años recientes en México (2018-2025), es indispensable cambiar la lógica político-económica que impulsó la producción contemporánea del espacio y los alimentos. De lo contrario, poco se resolverán las condiciones estructurales que acotaron las elecciones alimentarias de la sociedad, como la pobreza, la desigualdad económica y las jornadas laborales extenuantes. Paralelamente, se requieren fuentes copiosas de alimentos frescos que compensen la excesiva oferta de PU, acortar la distancia desde donde se consumen, establecer relaciones de género equilibradas en la preparación de alimentos y recuperar la libertad de conocer, adquirir, cocinar y degustar los alimentos. Cualquier acción que ignore este cúmulo de factores será insuficiente para mejorar la alimentación y la salud en México.

Finalmente, la limitación principal de este trabajo es la generalización de la información, lo que hace necesario pormenorizar cada variable y los elementos a su interior, en términos cualitativos y cuantitativos, así como separarlos por género, edad, localidad rural-urbana o región, desde una perspectiva geográfica e histórica. Sobre todo, de cara a la velocidad con que las corporaciones de PU perfeccionan su tecnología, vías de distribución y estrategias de promoción.